Como invitados del conversatorio, participaron los precandidatos Benito Baranda, el abogado Agustín Squella y María Soledad Cisternas.

El Programa Interdisciplinario de Niñez y Discapacidad de la Escuela de Derecho PUCV en conjunto con el Núcleo de Investigación en Accesibilidad e Inclusión, organizaron un conversatorio online donde se abordaron los derechos de las personas en situación de discapacidad considerando el contexto del Proceso Constituyente que comenzó nuestro país en octubre del año pasado.

Las integrantes del programa y académicas de la Escuela de Derecho PUCV, Andrea Montecinos y Alejandra Illanes se encargaron de hacer preguntas y moderar el panel junto con la directora del Núcleo y académica de la Escuela de Pedagogía, Vanessa Vega.

Los invitados en esta ocasión fueron los tres precandidatos a la Asamblea Constituyente, Benito Baranda, Agustín Squella y María Soledad Cisternas.   

La doctora Vanessa Vega expresó al comienzo que la discapacidad es una temática que debe abordarse de manera interdisciplinaria. “Hemos desarrollado dos Cabildos Accesibles donde invitamos a personas con y sin discapacidad a conversar sobre sus derechos, que opinen y podamos entender lo que está ocurriendo en Chile y cómo estos procesos impactan en sus vidas (…) Nos hemos planteado la proyección de los derechos de las personas con discapacidad en lo que se viene. Se habla mucho del proceso constituyente, la mirada de género y otros aspectos, pero no hay claridad en cómo abordarlo o trabajarlo a futuro”, indicó.

Al respecto, la presidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y Premio Nacional de Derechos Humanos, María Soledad Cisternas señaló que “es necesario el reconocimiento constitucional de las personas con discapacidad. Es un sector de la población que alcanza casi tres millones de personas y el 20% de ese universo son mayores de 18 años, son titulares de derechos políticos”, precisó.

En segundo lugar, la abogada planteó que si su inclusión se consagra en la nueva Constitución y hay representación de personas con discapacidad, se debe incorporar el reconocimiento de la Accesibilidad Universal a nivel constitucional mucho más allá que una ley. “La Accesibilidad es el conjunto de condiciones que permiten el goce y ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales de personas con discapacidad ya sea en el espacio físico, el transporte, las comunicaciones, servicios y otros tanto en zonas urbanas como rurales”.

Cisternas planteó que en el sistema legal ha habido una insuficiencia y una dificultad para hacer efectivo los derechos de las personas en situación de discapacidad. “En esta arquitectura constitucional que busca un pacto social, las personas con discapacidad no pueden quedar atrás. Recién en 1969 se otorgó el voto a las personas ciegas en 2007 se dicta la ley que entrega facilidades de votar a las personas con discapacidad. Todavía queda mucho por hacer”, reflexionó.

 

BENITO BARANDA Y AGUSTÍN SQUELLA

Por su parte, el fundador de América Solidaria, Benito Baranda, planteó que cuando no se reconoce la ciudadanía de una persona, cuesta hacer valer esos derechos. Se requiere abordar la discapacidad desde la educación. Para reconocer los derechos, hace falta avanzar hacia una educación inclusiva. Se requiere que los cuerpos legales que emanen de estos derechos reconocidos nos permitan garantizar el ejercicio de estos derechos, que deben aplicarse de manera progresiva y gradualmente.

“La educación es fundamental desde el punto de vista de cambio de mirada de las personas. Es distinto educarse con alguien con discapacidad. Genera más daño una persona egoísta e individualista que otra ciega o sorda. En la educación uno se encuentra con otros. La educación debería ser obligatoriamente inclusiva desde el jardín infantil y aprender a ser tratado dignamente por otros”, añadió.    

Finalmente, el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Agustín Squella, señaló que hay derechos comunes y corrientes. Una persona compra una cosa tiene el derecho que el vendedor se lo entregue. Depende de transacciones entre personas o de situaciones jurídicas como el derecho de reclamar alimento de sus padres, que es un derecho de ese hijo. También existen los derechos fundamentales que no dependen de contratos que se celebren o posiciones jurídicas, sino que sólo de la condición de ser parte de la especie humana. Son universales y adscriben a toda la especie humana y encuentran su fundamento en la dignidad humana.

“Si propusiese una redacción para la primera disposición de la nueva constitución: es que todas las personas nacen y permanecen iguales en dignidad y en esta se basan determinados derechos fundamentales que se reconocen a ellas sin excepción (…) Los derechos humanos son universales, pero uno debe preguntarse que existen algunos derechos que le corresponden a determinados colectivos como derechos de la mujer, de la infancia o discapacidad, pero no hay ninguna contradicción entre el carácter universal de los derechos fundamentales y este reconocimiento o declaración de derechos específicos”, precisó.

Squella planteó que las personas en situación de discapacidad, se encuentran en una situación especialmente vulnerable, tanto a nivel social como individual y en consecuencia se hace necesario sin perjuicio de reconocerles como titulares de derechos fundamentales y declarar algunos derechos específicos. Esas personas tienen dificultades de entrada para ejercer sus derechos comunes, por ejemplo, para comprar, deben tener un acceso a lugares para intercambiar bienes y ejercer sus derechos fundamentales y dificultades para ejercer la libertad de movimiento, el derecho a la educación, al trabajo, de reunión o sufragio. Es una situación doblemente adversa, concluyó.

 

(Por Juan Paulo Roldán – Dirección General de Vinculación con el Medio)

 

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